Los cuidados que impidan el desarrollo de sesiones en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), también serán condenados a través de las nuevas normas del Código Penal a partir del mes de noviembre.
Las nuevas normas incluyen a funcionarios, a quienes además de carcel se les amenaza con una inhabilitación de sus cargos.
“Quienes con violencia, intimidación o fuerza invaden la sede de la Corte Suprema de Justicia, cuando están reunidos en el ejercicio de sus funciones”, detalla en los párrafos.
Lo que busca el ilícito que lleva por nombre perturbación de funcionamiento de las instituciones es penalizar la protestas en contra del Poder Judicial.
Las penas van de tres a seis de prisión con inhabilitación de seis a diez años de sus cargos.
