La Notta

Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva anunció la socialización del proyecto de ley “El Escudo contra el aborto en Honduras”, para que no se pueda legalizar nunca el aborto en el país.

A través de una Comisión Especial presidida por el diputado nacionalista, Tomás Zambrano y representantes de la Confraternidad Evangélica, Iglesia Católica y el Comité Pro Vida se dictaminó el proyecto que lleva por nombre “Escudo contra el aborto en Honduras”.

Ambos organizaciones religiosas y de sociedad civil se encuentran a favor de que el “El Escudo contra el aborto en Honduras”, sea aprobada en el Congreso Nacional mediante la reforma del Artículo 67 de la Constitución de la República para que en Honduras no se pueda legalizar nunca el aborto en el país.

Oswaldo Canales quien el presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras manifiesto que el derecho a la vida es inviolable, ya que la vida de una persona comienza desde su concepción.

“Nosotros estamos a favor de la vida, somos la voz de los que no pueden hablar y quieren crecer y desarrollarse en esta nación. El aborto es asesinato, es quitarle la vida a los que quieren nacer”, expresó.

Por su parte el, representante de la Iglesia Católica el Padre Javier Martínez ha pedido a los diputados del Congreso Nacional para que hagan valer el derecho a la vida aprobando el proyecto denominado “Escudo contra el aborto en Honduras”.

La presentante del Comité Pro Vida, Marta Lorena Alvarado agradeció a los parlamentarios Mauricio Oliva, Tomás Zambrano y Mario Pérez por ser quienes llevan la voz principal en el proyecto.

“Agradecemos al presidente Mauricio Oliva, Tomás Zambrano, Mario Pérez por este proyecto que va encaminado al respeto a la vida”.

Las nuevas normas del nuevo Código Penal que entraron en vigor en Honduras también complementan cárcel mayores por aborto que por el delito de tráfico de drogas.

Abortar en el territorio hondureño contempla un castigo de tres a diez años de prisión, mientras que el tráfico de drogas se reduce de cuatro a siete años de cárcel.