Justicia para Berta : La ONU y CIDH piden acceso efectivo de la justicia en el asesinato de Berta Cáceres

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos (OACNUDH), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidieron al gobierno de Honduras, sé garanticé el acceso efectivo a la justicia, establecer la verdad de lo ocurrido y a sancionar a los autores materiales e intelectuales en el asesinato de Berta Cáceres, con el fin de evitar la impunidad.

Desde el asesinato de la defensora de derechos humanos de la étnia lenca, la ONU y la CIDH le han dado el seguimiento cercano a las investigaciones y al desarrollo del juicio, por el cual han compartido su profunda preocupación por constantes dilataciones y limitaciones a los derechos de los familiares, lo que lo pone en riesgo a que el caso no reciba la justicia que se debe.

“OACNUDH y CIDH llaman a las autoridades a que, en el marco de las obligaciones de debida diligencia, continúen las investigaciones exhaustivas para procesar a quienes hubieron tenido responsabilidad en el crimen, garantizando así el acceso efectivo a la justicia de las víctimas y el derecho a la verdad de la sociedad hondureña en su conjunto”, reza el comunicado emitido por el órgano defensor de los derechos humanos.

El llamado y preocupación surgen ante las repetidas denuncias que han realizado la familia de Cáceres y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), sobre los diversos obstáculos que se les han puesto en las diferentes etapas del juicio, la falta de su reconocimiento y participación efectiva en el proceso judicial, así como la exclusión de diferentes procedimientos penales, limitaciones en el acceso a la información, victimización, estigmatización y amenazas.

Ambas organizaciones subrayaron que “la impunidad, sea total o parcial, además de una afectación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas, constituye un factor tendiente a obstaculizar las causas que promueven defensores de derechos humanos en virtud del temor a nuevas represalias y peligro latente que genera el desconocimiento de los verdaderos móviles de las agresiones o en muchos casos la falta de sanción a los autores intelectuales o materiales”.