Estados Unidos. El Senador de los Estados Unidos, Patrick Leahy se manifestó sobre el último veredictos judiciales en Honduras, en los que sé enmarcar el caso de la ambientalista Berta Cáceres, y de los presos políticos, Raúl Álvarez y Edwin Espinal.
“Quiero hablar brevemente sobre la reciente decisión del Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional en Honduras de absolver a los ciudadanos hondureños Edwin Espinal y Raúl Álvarez. Se descubrió que ambos hombres habían sido acusados falsamente de daños agravados a la propiedad, incendio agravado y uso de explosivos caseros, cargos por los cuales resultó que el gobierno no tenía pruebas creíbles.
Espinal y Álvarez pasaron 19 meses en una prisión de máxima seguridad a la espera de juicio. Según los informes, fueron sometidos a duras condiciones, que incluían recibir solo dos horas de luz solar al mes. A pesar de estar acusado de delitos comunes, los tribunales especiales creados para juzgar a miembros de redes delictivas organizadas presidieron el proceso, incluido un juez ubicado en una base militar. Un tribunal tardó cuatro años en pronunciarse sobre su caso y finalmente absolverlos de los cargos que se determinó que carecían de fundamento.
Edwin Espinal es un defensor de los derechos humanos que ha enfrentado persecución política desde 2009. No está solo. Muchos defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, así como periodistas independientes en Honduras, han sufrido amenazas, arrestos arbitrarios, golpizas y asesinatos por parte de la policía hondureña u otras personas que actúan en su nombre.
Otros aquí y yo hemos expresado repetidamente nuestra preocupación por el uso indebido del proceso judicial por parte del gobierno hondureño para silenciar la disidencia. Presentar cargos sin pruebas creíbles y mantener en prisión a activistas sociales y otros críticos, y someterlos a largos procesos penales socava el debido proceso y erosiona la confianza pública en la integridad de la policía y los tribunales.
También me preocupa la falta de debido proceso en el caso de los ocho defensores del agua de Guapinol encarcelados que se ha prolongado durante años. Y, como muchos, estoy esperando la audiencia oficial de sentencia de Roberto David Castillo, el coautor convicto del asesinato de la ambientalista hondureña y activista indígena Berta Cáceres.
Con otras elecciones a la vuelta de la esquina en Honduras, insto al gobierno hondureño a apoyar un proceso electoral libre y justo, así como la libertad de expresión, asociación y reunión para todos los ciudadanos hondureños. Y espero que los próximos líderes de Honduras rechacen las prácticas corruptas y la impunidad del pasado, y apoyen un poder judicial independiente, defiendan el estado de derecho, responsabilicen a la policía y otros funcionarios públicos cuando abusen de su autoridad y restauren la fe. Del pueblo hondureño en el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.
