Tegucigalpa, Honduras. Tres años después la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, condena a tres años de prisión a estudiantes universitarios que protestaron en defensa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Los estudiantes, Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Moisés Cáceres son condenados por el delito de detención ilegal de bienes públicos, acciones impulsada por la exrectora Julieta Castellanos.
Tres años de prisión, trabajos forzados en la cárcel, suspensión de derechos y pagos por supuestos daños que las autoridades de la UNAH, nunca demostraron fue la condena puesta por los operadores de justicia del país.
La información publicada por el diario digital ‘Pasos de Animal Grande’ relata:
La Sala Cuarta, del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, integrado por los jueces Enilda Geraldina Mejía, Indiana Castellanos y José Roberto Mejía, condenó a los estudiantes, el 07 de agosto del 2017, según consta en el acta de individualización de la pena, inserta en el folio 410 del expediente.
El juicio contra los tres estudiantes inició el 15 de julio 2015 inmediatamente después de que el Ministerio Público presentara el requerimiento fiscal. Dos días después, el 17 de julio, un juez de lo penal les tomó las respectivas declaraciones de imputado y el 05 de agosto de ese mismo año se desarrolló la audiencia inicial, dictándoles auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas de la prisión, sin que surtiera efecto un Recurso de Apelación interpuesto por la defensa.
La audiencia preliminar se desarrolló el 31 de marzo del 2016 y el 04 de mayo de ese año el Tribunal de Sentencias emitió el auto de apertura de juicio oral y público, mismo que se desarrolló el 24 y 27 de mayo del 2017. Allí los declararon culpables y el 07 de agosto de dicho año les individualizaron la pena.
El Tribunal de Sentencia a través de la secretaría siempre manifestó que la sentencia no estaba por escrito, pero está fechada a los 21 días del mes de octubre de 2019, la cual mantuvo escondida argumentando que tenía mucha carga procesal y que solamente estaba en audio, fue a finales de la semana pasada que la ASOPODEHU se enteró que ya estaba en papel.
Mientras las autoridades de este momento al mando del rector Francisco Herrera Alvarado les ha faltado voluntad para resolver este problema que lleva intrínseco la violación al derecho a la protesta como forma de libertad de expresión.
En el Ministerio Público están polvorientas unas 80 denuncias contra la ex rectora Julieta Castellanos, quien ni siquiera fue tocada por el pétalo de la justicia que corre para dejar libres a los corruptos, involucrados en el crimen organizado o narcotráfico y pisotea a quienes defienden derechos.
En su parte resolutiva la sentencia expresa que se les condena por el delito de Detentación Ilegal de Bienes Públicos a tres años de prisión, trabajos en el centro penitenciario mientras dure la pena, inhabilitación especial e interdicción civil. También se declara la responsabilidad civil la cual será tasada en el transcurso de la ejecución de la sentencia.
