Isla de la Bahía, Honduras. Pobladores de Roatán se mantienen en alerta a raíz de la instalación de la primera Zona de Empleo y Desarrollo (ZEDE), o “Cuidad Modelo” una clara entrega de territorio a manos extrajera de parte del gobierno hondureño.
El gobierno presentó el proyecto “Roatán Próspera”, bajo el argumento de la creación de empleos y el fortalecimiento de la economía a través de más de 500 millones de dólares en inversión extrajera.
“Próspera” es un consorcio de inversionistas internacionales incluyendo capital hondureño que representa menos del 25 por ciento del total, y del capital Centroamericano.
Dentro del proyecto en el que funge como presidente, Erick Brimen hay empresarios venezolanos, alemanes, guatemaltecos y otras regiones del mundo.
Ante el hecho los habitantes de las diferentes comunidades de la zona se mantienen en la incertidumbre, debido a la falta de consulta a nivel local y mundial, ya que el proyecto está ubicado dentro de un parque marino, santuario de muchas especies terrestres y marinas.
El gobierno ha violentado el derecho a conocer las consecuencias socioeconómicas, ambientales, políticas y territoriales, ya que no se ha convocado a la población a la socialización o plebiscito para la aprobación del proyecto.
La presidenta de la Federación de Patronatos de Islas de la Bahía, Rosa Danelia Hendrix, manifestó que las comunidades han desconocido todo el proceso de concesión y entrega del territorio.
Nunca hemos estado en contra de la inversión extranjera porque es el pilar de la economía en la isla, sin embargo, esta forma de invertir a través de las ZEDES, es inconcebible porque es una imposición, un abuso y una falta de respeto. No es posible tener un país dentro de nuestro municipio”, indicó.
El sitio web de la compañía www.pzgps.hn describe que el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP), constituido por el Congreso y él presiente de Honduras emitieron un certificado declarando la primera parcela de lo que sería la ciudad modelo de “Honduras Prospera”, que se incorporó bajo el artículo 39 de la Ley Orgánica, desde el 29 de diciembre del 2017.
