La interrupción de las reuniones que se celebren en pleno del Congreso Nacional también serán penadas por el nuevo Código Penal.
La ley específica que las acciones de protestas como invadir o impedir un acto serán penadas con tres a diez an1os de carcel y la inhabilitación si se trata de un funcionario que ostenta un cargo público.
Ya sea por parte de ciudadanos comunes o funcionarios que interrumpa durante las sesiones desarrolladas por el Poder Ejecutivo.
“Quienes con violencia, intimidación o fuerza invaden la sede del titular del Poder Ejecutivo, cuando están reunidos en el ejercicio de sus funciones”, cita uno de los artículos.
