El convenio es similar a uno concertado con Guatemala y forma parte de las acciones del gobierno para reducir el flujo de migrantes en la frontera sur, dificultándoles ingresar a Estados Unidos con una solicitud de asilo.
El convenio es similar a uno concertado con Guatemala y forma parte de las acciones del gobierno para reducir el flujo de migrantes en la frontera sur, dificultándoles ingresar a Estados Unidos con una solicitud de asilo, detalla el canal de televisión.
El texto del acuerdo fue dado a conocer el jueves, un día antes de que sea publicado en el Federal Register —el diario oficial del gobierno de Estados Unidos— y entre en vigor.
Por el momento, el nuevo acuerdo parecería innecesario debido a que Estados Unidos está expulsando con celeridad a la mayoría de las personas que encuentra en su frontera con México, en conformidad con el decreto de emergencia de salud pública promulgado el mes pasado por Trump en respuesta a la pandemia de coronavirus. Ese decreto fue renovado por 30 días y expira el próximo mes.
Los detractores aseguran que el nuevo convenio y el anterior con Guatemala, impugnado en los tribunales, representan un retroceso de Estados Unidos respecto a sus obligaciones conforme al derecho internacional de brindar protección a las personas que desean refugiarse de persecuciones.
Ni Honduras ni Guatemala tienen la capacidad para recibir y reubicar a refugiados, por lo que a fin de cuentas la gente probablemente regresará a enfrentar el peligro del que había huido en sus países, dijo la estadounidense Yael Schacher, activista de la organización Refugees International.
“Estados Unidos está regresando indirectamente a personas a enfrentar persecución”, afirmó Schacher.
Según el acuerdo alcanzado el año pasado, Estados Unidos envía a solicitantes de asilo de El Salvador y Honduras a Guatemala.
Se desconoce cómo funcionaría el nuevo convenio. Ni la versión dada a conocer por Washington ni la difundida antes por el gobierno hondureño dicen específicamente quién podría ser enviado a Honduras.
Sin embargo, las autoridades afirman que el gobierno de Honduras había aceptado recibir a solicitantes de asilo de Guatemala, El Salvador, México, Nicaragua y Brasil.
El Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no respondieron a preguntas sobre el acuerdo.
El convenio fue dado a conocer el mismo día que fiscales federales en Nueva York anunciaron que el exjefe de la Policía Nacional de Honduras fue acusado en esa ciudad de delitos relacionados con narcotráfico y armas. Schacher y otros defensores de los inmigrantes dijeron que ese punto demuestra que el conflictivo país centroamericano está mal preparado para recibir a personas que huyen de persecuciones en otras partes del mundo.
“Honduras ha fracasado miserablemente en proteger las vidas y los derechos humanos de sus propios ciudadanos”, dijo Eleanor Hacer, directora del programa Protección a Refugiados en la organización Humans Rights First. “Sencillamente no hay una razón verosímil para creer que Honduras protegerá a los refugiados que desean obtener asilo y provienen de otros países”.
Con el desvío de los solicitantes de asilo, el gobierno de Trump confía en desalentar lo que considera un incentivo a la inmigración ilegal.
Según el Centro de Información de Acceso a los Archivos Transaccionales de la Universidad de Syracuse, jueces federales de inmigración resolvieron 67.406 casos de asilo durante el año fiscal 2019, una cantidad sin precedentes y casi 2,5 veces más que hace cinco años. La mayoría de quienes llegaron el año pasado a la frontera suroccidental provenían de países del Triángulo Norte de Centroamérica, a decir Guatemala, Honduras y El Salvador.
El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, y otros funcionarios aseguran que un número menor de personas efectuarán la peligrosa travesía hacia Estados Unidos si pueden obtener asilo en otras naciones de la región.
